PRESENTAN INICIATIVAS PARA REINTEGRAR PARTE DE LA TASA COBRADA POR EDESUR S.A EN CONCEPTO DE TASA POR ALUMBRADO PUBLICO A LOS VECINOS

“Hay una falta de control llamativa de esta gestión municipal que tiene como sello particular dejar que las empresas privadas que prestan algún servicio publico en Quilmes hagan lo que quieran”

El concejal por la Coalición Cívica el Lic. Diego Buffone conjuntamente con los concejales Fernando Pérez, Oscar García (UCR), Gustavo Filaretti, Hernán Lupo, Matías Festucca (Frente K Quilmeño); Mario Sahagun (FAP) presentaron un proyecto de Resolución pidiendo informe referente a las sumas percibidas por el municipio en concepto de lo estipulado por la Ord. 8927/01 , la misma autoriza a EDESUR S.A a cobrar por orden y cuenta del municipio la TASA DE ALUMBRADO PUBLICO.

El pedido de informe se realiza dado que no se ha renovado el convenio refrendado en su momento con la empresa por un lado y por otro el valor que hoy EDESUR S.A cobra bimestralmente no se condice con las Ordenanzas fiscales que regulan este convenio , el valor que las mismas autorizan es de $ 12,00 (pesos doce) mensuales por unidad imponible , teniendo en cuanta que las facturas en concepto de consumo de electricidad son bimestrales cada usuario debería abonar 24 pesos bimestrales y hoy los usuarios están pagando 32 pesos bimestrales ósea 8 pesos más por usuario sin autorización del Municipio.

Por otro lado el proyecto afirma que en la Resoluciones ENRE N° 725/96 y su modificatoria Resolución 639/97 conjuntamente con el acta acuerdo estipulan un mecanismo para que los vecinos opten por pagar esta tasa en la boleta de EDESUR S.A o en la Municipal y la respectiva difusión de esta opción cosa que no se hizo en su momento correctamente y por supuesto los nuevos usuarios no conocen.

Dentro de los varios puntos que posee el proyecto los más sobresalientes solicitan al Departamento Ejecutivo que intime a EDESUR S.A. a corregir el ítem denominado TOTAL TASA MUNICIPAL a los valores estipulados por la Ordenanza fiscal y tributaria del 2012 Ord. 11.815/11 ósea 12 pesos mensuales y por otro lado coordine un plan de reintegro a los contribuyentes que han pagado las facturas desde el momento que se han cobrado cifras que excedan lo estipulado por la Ordenanza fiscal y tributaria.

 

“Creemos que es un abuso lo que EDESUR esta realizando en el distrito sobrefacturando la TASA DE ALUMBRADO PUBLICO SIN AUTORIZACION EXPRESA DEL MUNICIPIO creemos que no solamente se debe corregir inmediatamente los valores sino que se debe reintegrar el excedente que los vecinos que han pagado el año pasado y el primer bimestre de este año.

Por otro lado hay una falta de control llamativa de esta gestión municipal que tiene como sello particular dejar que las empresas privadas que prestan algún servicio publico en Quilmes hagan lo que quieran.”

Pedimos la clausura del bailable Rimbo Latino

Un grupo de concejales ingresó este lunes un pedido para que el Ejecutivo clausure el bailable “Rimbo Latino”, ubicado en Calchaqui 4249. Los ediles denunciaron que el local carece de habilitación, ya que el titular del lugar falleció en mayo del año pasado. Además, aseguran que la situación fue puesta en conocimiento del jefe comunal en diciembre pasado, mediante una nota presentada por quien administraba el lugar.  

  Los concejales Gustavo Filaretti, Hernán Lupo, Matías Festucca (Frente K Quilmeño); Fernando Pérez y Oscar Garcia (UCR); Mario Sahagun (FAP), Diego Buffone (CC) y Roberto Gaudio (Frente Generacional), firmaron la presentación que hoy, ingresó para su tratamiento en el HCD.  

En ella, se consigna que “Según datos precisos y documentados aportados a integrantes de este Cuerpo, uno de los emprendimientos bailables de mayor magnitud del distrito, Rimbo Latino (o Rimbo Quilmes, o “La Unica”), ubicado en Avenida Calchaqui 4249 de Quilmes Oeste, se encuentra técnicamente desprovisto de habilitación, permisos y en consecuencia, funcionando clandestinamente.” La presentación aclara que “El bailable era propiedad de una persona física, Esteban Miguel Wilk, que falleció el 6 de mayo de 2012”, y que “Si bien desde 2003, la explotación se encuentra tercerizada en la firma FEDEBRIAN SRL, a cuyo nombre se encuentran todos los permisos provinciales necesarios para el funcionamiento (REBA, Certificado de Bomberos, etc), la muerte del poderdante hizo cesar en forma automática la validez de todos esos actos; otorgando condición de mera clandestinidad a cualquier actividad desarrollada a posteriori del fallecimiento de Wilk.”

Carta al jefe comunal

En los considerandos, el proyecto detalla que “La titular de la firma FEDEBRIAN SRL, ha puesto al tanto de las autoridades tanto municipales como provinciales la anomalía, sin que ninguna instancia haya impedido que continuara la explotación del comercio”. Y añade que “Quien si intervino oportunamente fue la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que tras una inspección realizada el 27 de septiembre de 2012, determinó que la totalidad de los empleados de seguridad afectados al control del lugar se hallaban bajo un esquema de completo incumplimiento de las normativas vigentes.”

Los concejales aseguraron además que “La información fue puesta en conocimiento de Francisco Gutierrez, el día 27 de diciembre de 2012, mediante una nota que la titular de FEDEBRIAN SRL, Viviana Monardi le dirigió advirtiéndole la existencia de anomalías societarias y poniendo sobre aviso que deslindaba cualquier responsabilidad sobre eventuales perjuicios que se produjeran por la actividad del lugar.”

Ocupación indebida

Otro de los puntos de conflicto señalados en la presentación refiere a las parcelas ocupadas por el bailable. “Mientras la habilitación original contempla lo construido en el predio identificado como Circunscripción III-Sección K-Parcelas 5 y 6, el bailable en cuestión ha sumado irregularmente la parcela 4, lindera a las dos anteriores, propiedad de un tercero ajeno tanto al fallecido propietario como a su administradora apoderada FEDEBRIAN SRL.”

El pedido

La Resolución consigna: “Art. 1: Por el área correspondiente, se recaben datos que permitan corroborar si existe trámite sucesorio iniciado por el fallecimiento de Esteban Miguel Wilk, M.I 5.194.087, acaecido el 6 de mayo de 2012, cuyo deceso consta en el acta 471 IB del registro Nacional de las Personas de Quilmes. Art. 2-Solicítase al D.E que por el área que corresponda, informe que destino tuvo la nota presentada al señor intendente el 27 de diciembre de 2012, por la señora Viviana Isabel Monardi, DNI 16.965.487, ingresada al municipio bajo el número 4091-21277. Art.3-Solicítase al DE, aporte la nómina de todos los funcionarios involucrados en el circuito que hubiera seguido esa nota, hasta su llegada (o no) a manos del señor jefe comunal. Art.4- Solicítase al D.E instruya a la secretaría de Obras Públicas del municipio a efectos de tomar intervención en la construcción no declarada que integra el actual comercio de referencia, sobre la parcela 4, de los demás datos catastrales aportados en los considerados del presente pedido. Art.5-Solicítase al Departamento Ejecutivo, la inmediata inspección y clausura definitiva del local que gira bajo el nombre de fantasía “Rimbo Latino” y/o “Rimbo Quilmes” y/o “La Unica”, ubicado en Calchaqui 4249, de Quilmes Oeste, por las razones que se detallan en los considerandos de este pedido. Art. 6-Encomiéndase el giro de los antecedentes del presente pedido a la Justicia Penal local, a efectos de investigar la posible comisión de delitos de defraudación contra la administración pública municipal, bajo cualquiera de las formas que esta pueda haber asumido en el hecho narrado.”

Se amplía la denuncia por el funcionamiento de “Argentina Trabaja” en Quilmes

Los concejales Diego Buffone (CC), Fernando Pérez y Oscar Garcia (UCR) Mario Sahagun (FAP), ofrecieron hoy, junto a Manuel Garrido, el letrado que patrocina la denuncia federal por el funcionamiento local del programa “Argentina Trabaja”,una conferencia de prensa en la que anunciaron una nueva ampliación de la denuncia original.



Garrido explicó que se trata de datos de 17 nuevos proveedores sospechados de formar parte de una operatoria irregular en la que además se descubrieron proveedores que son, a su vez, cónyuges de otros que también lo son. Los documentos, dijo, “son parte de entrecruzamientos que hemos hecho y que le aportamos a la investigación para que el fiscal disponga la investigación según su mejor criterio.”

El letrado y diputado nacional explicó que la situación sigue en manos del fiscal Carlos Stornelli, quien tiene, dijo, “La tarea de sustanciar una investigación y emitir un dictámen a partir de lo cual hay medidas que ya debe ordenar un Juez”.En este marco, Garrido señaló que el Fiscal “Está dando señales de avanzar en la investigación” y ha requerido, dijo “Informes al AFIP, el INAES y el propio Ministerio de Desarrollo Social”. Consultado en torno a posibles allanamientos al municipio, el letrado solo señaló que “La forma en la que la Justicia decide obtener la información que necesita es una facultad sobre la que ella decide.” Y, en este punto, aseguró que más allá de las eventuales maniobras a las que el municipio apele para “emprolijar” cualquier presunta situación irregular, los datos aparecerán porque “La información no está en un solo lugar.

Funcionarios responsables


El letrado aseguró que los responsables a investigar son “Todos aquellos que teniendo obligación de controlar lo que se paga, hayan autorizado sumas por cosas que no fueron entregadas o tareas que no fueron hechas”. Y, en este punto, insistió sobre registraciones que muestran que existen proveedores “Que han facturado sumas exactamente iguales, el mismo día a, por ejemplo, 24 cooperativas diferentes.”


Jurisdicción


Consultado sobre la existencia de más denuncias en torno al mismo tema, Garrido explicó que “Siempre pasan estas cosas, cuando hay hechos que se reflejan en los medios.” “Nosotros entendemos que la jurisdicción es nacional porque hay fondos y funcionarios nacionales que tienen el deber de controlar lo que se hace” y, sobre el punto, aclaró que “La denuncia original fue hecha de oficio por el fiscal Stornelli, a quien nosotros le aportamos todas las pruebas y la documentación que tenemos”.